Movimiento SUR

Educación

Garantizar el derecho a la educación, también es redistribuir la riqueza

Diagnóstico

El acceso a la educación es uno de los mecanismos fundamentales de inclusión social de las personas. Es un derecho, pero también es un medio que habilita a las personas para el ejercicio de sus derechos. Por ese motivo garantizar a todas las personas el acceso a la educación es una responsabilidad del Estado y también de las organizaciones y actores de la comunidad, comprometidos con los derechos humanos y la mejora de las condiciones de vida de los sectores más postergados de la población.

Luego de largas décadas de neoliberalismo y pese a los avances alcanzados en materia educativa, aún hoy un amplio sector de la población, especialmente adolescentes y jóvenes, se encuentra excluido de los derechos universales, como es el derecho a la educación, principalmente por causa de la pobreza.

En la provincia de Buenos Aires 500 mil jóvenes de entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan. Se trata del 20% de los jóvenes bonaerenses. La repitencia creció del 4 al 9 por ciento y el abandono de las aulas de un 7 a un 16 por ciento, lo que implica que cerca de 90 mil chicos por año dejan de estudiar.

Asimismo, en el nivel inicial, hay carencia de vacantes, con la consecuente superpoblación en las aulas y una insuficiente oferta de servicios de jardines maternales, tan necesarios para las familias trabajadoras, especialmente para las mujeres con niños o niñas a cargo que trabajan, que buscan trabajo y/o que quieren finalizar sus estudios. Los problemas de infraestructura y falta de recursos y materiales en las escuelas de todos los niveles son también preocupantes.

Propuestas:

Estas son las propuestas que construimos en base al conocimiento que tenemos de las necesidades educativas de cada distrito de la provincia, conocimiento que logramos a través de las prácticas y experiencias educativas que, desde hace años, desarrollamos en los barrios con los sectores más humildes de la población en busca de un modelo educativo inclusivo y popular.

Garantizar la permanencia y egreso en todos los niveles educativos obligatorios: Desde los 4 años hasta la finalización del secundario (como sostiene la ley provincial de educación) a través de presupuesto para: infraestructura, cargos docentes, material didáctico, becas y extensión de la jornada escolar.

Acceso y permanencia: Implementar la extensión del boleto estudiantil gratuito para jóvenes y adultos que estén alfabetizándose o cursando estudios primarios o secundarios y para los estudiantes de los institutos terciarios y universitarios.

Presupuesto y participación: Mecanismos de participación popular para que los vecinos sean parte de instancias de control, decisión y elaboración, en la asignación y distribución del presupuesto junto a los consejos escolares. Que estos espacios pongan especial énfasis en controlar la calidad y cantidad de los refrigerios y alimentos en los comedores escolares, en la infraestructura, el material didáctico, etc.

Bienestar escolar: Llevar adelante campañas de salud escolar y documentación en las escuelas.

Infancia: Creación de jardines maternales y escuelas infantiles para las familias trabajadoras.

Participación estudiantil: Fomentar la formación y participación en los centros de estudiantes.

Inclusión de jóvenes y adultos: Destinar presupuesto específico para extender el alcance de los programas de alfabetización y terminalidad de estudios para jóvenes y adultos.

Seguridad

Diagnóstico:

La desigualdad social es causal de inseguridad. El aumento y descenso de las cantidades de delitos se encuentra estrechamente asociada a la desigualdad social. El empobrecimiento de nuestra población durante la década del 80 y la profundización de este proceso durante la implementación de las políticas neoliberales en los 90, excluyó a millones de bonaerenses de las posibilidades de acceder a sus derechos más básicos, trabajo, vivienda, salud, educación.

La inseguridad frente a los delitos, es consecuencia de la falta de seguridad en el acceso a los derechos más básicos, como la educación y el trabajo.

El deterioro institucional de las fuerzas de seguridad y el funcionamiento deficiente de la justicia penal, promueve y acrecienta la inseguridad. La fuerte preocupación con relación a la seguridad, se acrecienta cuando conocemos que muchos hechos delictivos son cometidos con participación de integrantes de la policía y de otras fuerzas de seguridad, y que la privación de la libertad en las cárceles no les aporta a las personas detenidas herramientas que faciliten su inclusión social, sino vivencias de ilegalidades y de todo tipo de violencia incluida la tortura.

La situación se agrava cuando se observa que el sistema judicial penal posee un funcionamiento deficiente, encarcelando en forma casi exclusiva a jóvenes pobres, en su mayoría por delitos contra la propiedad, en el marco de lentos procedimientos que generan que más del 75 % por ciento de los detenidos se encuentre sin sentencia firmes, es decir en situación de inocencia. Esta justicia penal no actúa igual cuando se trata de investigar y sancionar a redes de delitos complejos, a los hechos cometidos por funcionarios públicos, a la violencia de género y frente al juzgamiento de genocidas.

En nuestra provincia, las tasas de delitos más graves registraron en algunos casos disminuciones marcadas, en periodos de control y depuración de las fuerzas de seguridad (años 1997-1998, 2001-2002).

La mano dura no sirve. Desde principios 2008, en la provincia de Buenos Aires, se ha retrocedido volviendo a implementarse acciones de política criminal, que se encaminan en la senda de la denominada mano dura: más encarcelamiento, más construcción de cárceles, concentración de poder en manos de los jefes policiales con la consecuente mayor discrecionalidad en el accionar policial. Estas medidas, es sabido no han contribuido en nada a la prevención y a la disminución de las tasas de delitos violentos.

Distintos medios de comunicación y funcionarios públicos, plantean supuestos debates sobre la seguridad pública, inclusivos de la pena de muerte, sin obviar que el propio gobernador de la provincia ha planteado la necesidad de debatir sobre la baja de imputabilidad de los menores. Se observa además la falta de información pública sobre tasas de delitos y la distorsión en la difusión de datos oficiales.

La mano dura parte de posiciones estigmatizadoras de los jóvenes de los sectores desprotegidos. La mayor represión como solución a la seguridad, no resuelve el problema y solo tiende a judicializar la pobreza y a profundizar la violencia social.

Es con políticas sociales que permitan que los jóvenes de los sectores excluidos tengan como meta un trabajo digno, mediante la garantía del acceso a la educación como la seguridad publica se construye

PROPUESTAS

Fortalecimiento de las políticas sociales direccionadas principalmente a los jóvenes de los sectores desprotegidos, priorizando: la plena implementación la Ley de la promoción y protección integral de los derechos de los niñas y niños; la puesta en marcha de los foros de la niñez y el adolescente; el fortalecimiento del programa “Madres en Red frente a las adicciones” (con becas para las promotoras e insumos para los planes de capacitación, replicas y armado de redes); fortalecimiento de los cpa (centro de prevención de la adicciones) con categorización de los profesionales e implementación de un plan de trabajo en articulación con las organizaciones comunitarias cercanas; extensión y multiplicación de Centros de Formación Profesional en los barrios periféricos; capacitación en oficios para jóvenes; seguro universal por hijo menor de 18 años - ampliación del programa derecho garantizado; e inmediata implementación de la escuela secundaria obligatoria.

Mejora del espacio público en cada una de las comunidades y barrios: Urbanización de asentamiento y barrios precarios; iluminación de los barrios; reconversión de terrenos baldíos en espacios recreativos; arreglo de calles; recuperación de clubes barriales.

Participación y organización comunitaria en seguridad: implementación de la ley de seguridad publica de la Provincia de Buenos Aires promoviendo el fortalecimiento de los foros de seguridad para la participación comunitaria en estrategias de prevención en seguridad; organización social de corredores comunitarios de seguridad en los barrios; constitución de mapas comunitarios del delito.

Fortalecimiento de la tarea policial de prevención: presencia policial con patrullaje en todas las cuadriculas de cada distrito de la provincia; provisión de los patrulleros, chalecos antibalas y dispositivos adecuados de resguardo personal del personal policial; realización de reuniones mensuales del jefe distrital de cada municipio con los foros de la comunidad y encuentros ampliados a vecinos con problemáticas especificas; optimización de la articulación de dispositivos municipales con el objeto de abordar integralmente con participación de distintas áreas municipales (desarrollo social , salud, seguridad) situaciones conflictivas en seguridad en los municipios.

Implementar un proceso serio de reforma y saneamiento policial: implementar sistemas eficaces de control político; impulsar el control interno y promover el control externo del accionar de las policias bonaerenses, reorganizando y ampliando el control externo por parte de la comunidad a través de los foros departamentales, municipales y vecinales; propiciar un modelo policial, eficiente en la prevención, no connivente ni promotor del delito y respetuoso en su accionar de las leyes y de los derechos humanos.

Impulsar una profunda reforma del accionar judicial: profundizar la democratización del sistema de justicia, partiendo de la implementación de mayor transparencia y participación ciudadana en el proceso de designación de jueces y de la revisión del funcionamiento de los sistemas de control y sanción de los funcionarios judiciales; promover la implementación programas y acciones dirigidas a modificar prácticas de gestión muy arraigadas en el poder judicial, con el objeto de dotar a las tramitaciones judiciales de celeridad, oralidad e inmediación permanente del los fiscales y jueces con las partes.

Promover una reforma penitenciaria integral con el objetivo de humanizar las condiciones de detención: priorizar las tareas de asistencia, educación y formación laboral de las personas privadas de libertad, por sobre la mera acción de seguridad perimetral; reformar la ley de personal penitenciario contribuyendo a la desmilitarización de sus roles; implementar programas reales de prevención de las situaciones de violencia dentro de las cárceles; racionalizar la inversión presupuestaria con el objeto de proveer alimentación y asistencia sanitaria digna a las personas detenidas; crear un área de asuntos internos con autonomía funcional que investigue las faltas cometidas por penitenciarios; la revisión de ley de ejecución bonaerense; abordar integralmente las problemáticas de las mujeres madres encarceladas; impulsar la sanción de una ley de cupos que establezca un mecanismo supervisor de las condiciones de hacinamiento; promover de mecanismos de visitas y monitoreos permanentes de las condiciones de detención, por parte de organizaciones de la comunidad en pos de prevenir la tortura, la violencia y la corrupción por parte de los integrantes del SPB.

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