El mito de la “ley mordaza”

Estar hoy en condiciones de dar el debate sobre la normativa en radiodifusión, un tema tan traumático en la historia del país, es un avance importantísimo”, dice Damián Loreti. El abogado y especialista en Derecho a la Información es uno de los redactores del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y una de las voces latinoamericanas más importantes y habilitadas para hablar de libertad de expresión y derecho comunicacional. En diálogo con Miradas al Sur, el actual vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, explicó los puntos más importantes del proyecto y también los más criticados. Sostiene que el proyecto es perfectible y que “es legítimo que algunos sectores pidan incorporaciones, modificaciones y ajustes”, pero asegura que la nueva norma no puede protegerse de modificaciones posteriores por parte de la voluntad política de sectores que en un futuro entiendan a la radiodifusión en otros términos. “Lo que garantiza el blindaje jurídico de un texto legal es que sea respetuoso de la Constitución y de los estándares internacionales de los derechos humanos, de la Convención Americana y de otras declaraciones, tratados y convenciones internacionales”, dice.

–Hablemos de las críticas más recurrentes que recibe el proyecto. Una de ellas es a la autoridad de aplicación de la ley.

–Ahí hay varias críticas. Lo que yo auspiciaría es que los que hacen críticas a un modelo que es perfectamente revisable y mejorable, tengan claro el diseño institucional que plantean, porque en el marco de las críticas a la autoridad de aplicación yo escuché desde que debería ser un organismo autárquico dependiente directamente del Ejecutivo, hasta un organismo independiente conformado por Ongs. Y en ese registro hay una gran variedad de situaciones. La Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucionalidad a la ley ecuatoriana porque los sectores empresarios formaban parte de la autoridad de aplicación y resolvían sobre ellos mismos y sus competencias. Es muy raro encontrar en los regímenes presidencialistas, salvo que la Constitución lo marque como es el caso de Colombia, cuál es el modelo de funcionamiento de un gobierno autónomo en un diseño constitucional donde, para mí, el único poder independiente que prevé la Constitución es la Justicia. Entonces se mezcla autarquía, autonomía o independencia en este debate y son tres cosas distintas.

–¿Hay desconocimiento de los que salen a criticar el proyecto?

–La verdad no sé cuál es el grado de lectura fina que hacen de la ley. En el artículo 15 está claro que quien nombra los jurados de los concursos es el Consejo Federal, es decir, un espacio multisectorial, y no la autoridad federal de aplicación. Obviamente, después el que administra las licencias del espectro radioeléctrico es el Estado. Pero nadie rescató esto ni le dio visibilidad.

–Hay otra confusión con la lectura del artículo 40 que habla de revisión bianual del espectro, pero no de las licencias.

–Siguen insistiendo sobre ese tema y nunca se dijo que se revisaban las licencias, nunca. Lo que se revisa es el espectro para acompañar el crecimiento de oportunidades que dé la digitalización. Chile tuvo que cambiar su ley para hacer la prueba de televisión digital.

–¿Los avances tecnológicos obligarán a que esta ley también sea revisada a futuro?

–Puede haber ajustes técnicos sin necesidad de revisión. Por ejemplo, la ley de firma digital incorporó un anexo técnico que es un glosario más algunas cuestiones tecnológicas, que se puede revisar por decreto para no cambiar toda la ley. Acá hay cuestiones que van a estar sujetas a cambios tecnológicos y habrá que prever mecanismos flexibles para que no se resuelvan sin la participación del Congreso. Lo que se propone es que esos arreglos sean revisados por una bicameral. Además está tomado de la ley norteamericana que previó ese tema.

–¿Cómo se controlará el ingreso de las telefónicas?

–Primero, en muchos países la TV por cable es considerada telecomunicaciones, por lo cual en la Argentina tiene una característica distinta. Segundo, el crecimiento del cable en la Argentina tiene que ver con la inexistencia de mecanismos de concurso y de promoción de la televisión abierta del interior. Solamente ocho ciudades del país tienen más de una señal de TV abierta. En ese contexto, con el proceso de convergencia tecnológica es necesario un mecanismo legal que prevea qué hacer cuando la utilización de tecnología desborda las reglamentaciones. No se puede pensar en regular en función del aparato receptor.

–¿Cómo sería eso?

–Pensar que lo único que puede recibir imágenes es el televisor.

–Cosa que ocurrirá cada vez menos.

–Por eso lo digo. En algunos lugares del mundo hay recepción de señales audiovisuales por los tendidos de la luz que ni siquiera son telefónicas. En ese plano, ¿qué tiene de bueno el proyecto? Que está previendo mecanismos que condicionen el ingreso a la prestación de televisión por cable de cumplimiento para más del 50% de las clientelas cautivas monopolizadas, con una serie de requisitos, mucho de ellos inspirados en cosas que se le han pedido a Telmex en México frente a poderosas empresas de televisión abierta. Esto no resuelve todos los temas, no es lo mismo hacer transporte de señales que redistribuirlas. El proyecto de ley tiene diferenciadas a la distribución, que la tiene que hacer un radiodifusor, y el transporte, que lo puede hacer –como existe hoy– otro que no tenga licencia de radiodifusor. Lo que hay que ajustar bien es en qué momento empieza la distribución y hasta dónde es transporte, y que los requisitos que se ponen sean efectivamente cumplidos para que no haya abuso de posición dominante.

–¿Cómo proteger a las cooperativas frente a las grandes empresas telefónicas?

–Las cooperativas de telco están en una situación liberada y de competencia ya desde la desmonopolización. Pero uno de los principales problemas que tenían las cooperativas telefónicas eran los operadores de larga que se llevaban parte de la crema del negocio. Eso tiene que ver con las tarifas de interconexión, con las situaciones de interoperabilidad, con la portabilidad numérica que le permitiría a alguien desengancharse de una empresa. Por eso están diferenciadas las exigencias a las cooperativas y a las telefónicas que, por ejemplo, tienen que hacer una unidad de negocio por separado, entre otros requisitos.

–¿Qué pasa con el 33% del espectro que se reserva a las organizaciones sin fines de lucro en caso de que no existan suficientes interesados? ¿Quedará vacante o se permitirá el ingreso a los comerciales?

–La reserva de espectro para cierto tipo de servicio sin fines de lucro tiene que ver con una garantía para este sector, dada una disponibilidad finita del espectro. Pero en caso de que no haya suficiente cantidad de comunitarios sin fines de lucro, se seguirá llamando a concurso, porque se prevé un mecanismo de concurso permanente. Lo podría ocupar alguien que no venga de ese sector en la medida en que esté agotado el otro tramo del espectro que le corresponde, pero habría que justificar eso.

–¿Qué le diría a los que afirman que es una “ley mordaza”, al estilo chavista?

–Una de las posibilidades es decirles que lean la Ley Resorte de Venezuela. En el proyecto de ley presentado no hay ni un solo artículo que esté dedicado a regular la calidad de la información que puede ser difundida. No hay requisito de veracidad, imparcialidad, objetividad ni nada que se le parezca. Y hay otros proyectos de los que se habla en estos días que sí tienen esto que, a mi criterio, colisiona contra la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de octubre de 2000, que en su Principio 7 habla de “condicionamiento previo tales como exactitud, objetividad o veracidad de la información, puede afectar la libertad de expresión”. En cambio, sí creo que cumple con el Principio 12 que dice que “los oligopolios y los monopolios en la comunicación social restringen la libertad de expresión y afectan la democracia”. Por eso yo recomiendo a todos que se tomen el trabajo de comparar los proyectos de radiodifusión que circulan.

Por Victoria Linari en Miradas al Sur